Por Janet Epp-Buckingham,
La mayoría de nosotros dedicamos una parte considerable de nuestra vida al trabajo. Por eso, los lugares de trabajo deben ser espacios de dignidad e igualdad de participación, lugares donde las personas puedan ganarse la vida sin temor a la discriminación ni a la hostilidad por motivos religiosos.
Esto es especialmente importante para quienes expresan sus convicciones religiosas no solo en la creencia, sino también en la práctica: a través de la vestimenta, los símbolos y las señales visibles. Sin embargo, en algunas partes de Europa y otros lugares, los gobiernos han adoptado cada vez más restricciones que tratan la expresión religiosa en el trabajo como un problema que debe gestionarse, en lugar de un derecho humano que debe protegerse.
En muchos contextos, los empleadores están adoptando una postura opuesta. La Fundación para la Libertad Religiosa y los Negocios, junto con líderes como Brian Grim, ha promovido la idea de que los empleados deberían poder ser ellos mismos en el trabajo. Este principio exige que las empresas se adapten a las prácticas religiosas y fomenten culturas donde la fe no sea castigada socialmente.
Pero lo que hay que abordar es diferente: no la aceptación privada, sino las restricciones gubernamentales a la religión en el lugar de trabajo, en particular las restricciones relacionadas con la laicidad, un modelo francés de secularismo que a menudo se describe como "secularismo cerrado".“
La laicidad tiene sus raíces en una trayectoria histórica particular. Sus orígenes se remontan comúnmente a la Revolución Francesa de 1789, cuando la estrecha alianza de la monarquía con la Iglesia Católica fue puesta en entredicho. Los líderes revolucionarios buscaron redefinir la autoridad sustituyendo la legitimidad religiosa por la soberanía del pueblo. En ese contexto, la religión se consideraba un asunto privado, en lugar de una fuente de poder público. El lema de la Revolución —“libertad, igualdad, fraternidad”— refleja la idea de que un espacio público laico es parte de la igualdad: lograr la igualdad entre las personas haciéndolas similares.
Este enfoque culminó en la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado de 1905. En principio, la laicidad formalizó dos compromisos: la neutralidad del Estado en materia religiosa y la protección de la libertad de conciencia. En teoría, el objetivo es garantizar que los individuos puedan creer —o no creer— sin coacción, impidiendo al mismo tiempo que el Estado privilegie ninguna tradición religiosa.
Sin embargo, la laicidad nunca ha sido estática. Su significado y aplicación han evolucionado a la par de los cambios en la sociedad francesa, en particular el aumento de la diversidad religiosa, incluyendo la presencia del islam junto a las arraigadas comunidades católicas, protestantes y judías. Con el tiempo, lo que comenzó como una salvaguarda contra la influencia clerical se ha aplicado cada vez más como un marco para regular la expresión religiosa pública.
Este cambio ha generado tensiones recurrentes. Políticas como la prohibición de símbolos religiosos ostentosos en las escuelas públicas en 2004 y la legislación que prohíbe el uso de velos faciales en 2010 suelen defenderse como expresiones de neutralidad estatal y cohesión social. Los críticos argumentan que estas medidas restringen la expresión religiosa individual, especialmente para las comunidades minoritarias.
El ámbito laboral no es ajeno a esta lógica. En un caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una mujer presentó una denuncia tras ser multada por usar un niqab en público. El Comité falló en contra de Francia en 2018.
La laicidad también se ha manifestado en el ámbito profesional. Una abogada francesa se enfrentó a una nueva norma que le impedía usar el hiyab con su toga en los tribunales. Impugnó la norma por la vía legal, pero perdió. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la apelación. El resultado no solo supuso una limitación a la libertad de expresión religiosa, sino que también significó que ya no podía representar a clientes ante los tribunales y, en la práctica, la apartó del derecho penal.
La laicidad en Bélgica se ha desarrollado de forma algo diferente al modelo francés, más estricto, reflejando una tradición que a veces se describe como “pluralismo filosófico” más que como una separación total entre religión y Estado. La Constitución belga garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, los empleadores —incluidos los municipios— pueden prohibir el uso de símbolos religiosos en el trabajo cuando la neutralidad se incorpora a la política. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó esta postura en 2021. En un caso de 2023, una mujer musulmana impugnó a su empleador, el municipio de Ans, por prohibir el hiyab incluso cuando ella no desempeñaba un cargo público; el Tribunal también ratificó la prohibición.
Suiza ilustra cómo estas cuestiones pueden variar dentro de un sistema federal. Ginebra, por ejemplo, ha adoptado explícitamente la laicidad como principio rector en las instituciones públicas. Este enfoque se forjó a raíz de los primeros litigios, incluido un caso de 1996 que involucró a una maestra de primaria a quien, tras convertirse al islam, se le prohibió usar velo en el aula. Los tribunales suizos ratificaron la restricción, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó posteriormente que, en ese contexto, la limitación estaba justificada por la necesidad de proteger la neutralidad de la educación pública y los derechos de la infancia.
Ginebra aprobó en 2019 una Ley sobre la Laicidad del Estado que obligaba a los empleados públicos —especialmente a aquellos en contacto con el público— a abstenerse de mostrar signos visibles de afiliación religiosa, ya sea a través de la vestimenta o de símbolos. Algunas partes de dicha ley fueron derogadas, incluidas las restricciones relativas a los cargos electos. Sin embargo, el 14 de junio, los votantes aprobaron una enmienda constitucional que prohíbe a los políticos electos usar símbolos religiosos visibles en el ejercicio de sus funciones.
En cambio, los empleadores privados suelen ser más flexibles en Ginebra y en el resto de Suiza. Esta diferencia es importante. Cuando las instituciones públicas establecen normas restrictivas y el sector privado las imita, el efecto general es moldear el entorno en el que viven las personas, no solo sus opciones legales.
Quebec ha ido más allá. Su ley de laicidad prohíbe a los funcionarios públicos con puestos de atención al público usar símbolos religiosos, ya sean visibles o invisibles. La provincia se amparó en la cláusula de excepción para proteger la legislación del control constitucional. La ley se ha aplicado a maestros, policías, abogados del gobierno y empleados judiciales, y posteriormente se amplió para incluir a trabajadores de protección infantil y personal sanitario.
Más recientemente, según se informa, se redujo el estándar legal para la adaptación religiosa tanto para empleadores públicos como privados, disminuyendo el umbral para denegar la adaptación de "dificultades excesivas" a "dificultades mayores que mínimas", lo que significa que los empleadores pueden rechazar solicitudes por inconvenientes relativamente menores.
En todas estas jurisdicciones, la situación es preocupante: incluso cuando las restricciones se justifican en aras de la neutralidad y la unidad, en la práctica suelen funcionar como exclusión. Los trabajadores aprenden que la expresión religiosa solo es aceptable cuando se minimiza, se oculta o se elimina por completo, especialmente cuando se trata de vestimenta religiosa. El mensaje general es claro: no muestres tu verdadera personalidad en el trabajo.
Si las sociedades están realmente comprometidas con la libertad de religión o de creencias, deberían poder proteger la neutralidad sin castigar la práctica religiosa. Esto requiere adaptación siempre que sea posible y entornos laborales que no traten la fe como un obstáculo que deba controlarse. La verdadera igualdad no significa que todos sean iguales. La verdadera neutralidad significa que las personas pueden practicar su fe —o no— sin ser consideradas un problema.
Janet Epp-Buckingham, Directora de la Oficina de la Alianza Evangélica Mundial ante la ONU en Ginebra; Editora Ejecutiva de la Revista Internacional para la Libertad Religiosa..
